La decisión pública en acción
1. Una necesidad que exige decidir
Abrir la llave del agua es un gesto cotidiano. Esperamos que el líquido llegue a nuestra vivienda, que sea apto para su uso y que podamos disponer de él cuando lo necesitamos. Pocas veces pensamos en las decisiones públicas que intervienen para hacerlo posible.
El abastecimiento de agua requiere fuentes disponibles, infraestructura, tratamiento, conducción, distribución y gestión institucional. Cuando las condiciones existentes plantean problemas que requieren nuevas intervenciones, las autoridades deben determinar qué hacer y cómo hacerlo.
En Durango, una de esas decisiones quedó documentada el 20 de enero de 2024, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno estatal suscribieron un acuerdo de coordinación para construir una planta potabilizadora. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024).
El acuerdo identificó problemas relacionados con la presencia de flúor y arsénico en determinadas fuentes subterráneas utilizadas para el abastecimiento. La intervención prevista consistió en aprovechar agua de la presa Guadalupe Victoria mediante una planta de tratamiento y obras complementarias. El proyecto contempló una capacidad de potabilización de 1,100 litros por segundo y una población beneficiaria estimada de 600 mil habitantes. Esas cifras expresan las características y los objetivos previstos para la infraestructura. No constituyen, por sí mismas, una comprobación de los resultados posteriores. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024).
Pero nuestro interés se encuentra en un momento anterior: ¿cómo llegó el Estado a decidir que construir esa infraestructura era el curso de acción que debía emprender?
Para comprenderlo, necesitamos conocer qué es una decisión pública y qué elementos intervienen en su formación.
2. ¿Qué es una decisión pública?
Todos tomamos decisiones. Elegimos entre posibilidades, valoramos circunstancias y actuamos conforme a determinados propósitos.
Las autoridades también deciden, pero existe una diferencia esencial, sus elecciones se producen dentro de instituciones públicas, mediante atribuciones jurídicas y para atender los fines que justifican su intervención.
Para este artículo podemos entender la decisión pública como la elección institucional de un curso de acción frente a un asunto de interés público, realizada en ejercicio de atribuciones y susceptible de traducirse en actuaciones jurídicas, administrativas o materiales.
Esta definición es una herramienta de comprensión, no una fórmula única aceptada por todas las disciplinas.
Conviene distinguir la decisión pública de los instrumentos utilizados para llevarla a la práctica. No debe confundirse necesariamente con una política pública ni con un acto administrativo. Una política pública puede comprender numerosas decisiones relacionadas entre sí; un acto administrativo tiene una naturaleza y efectos jurídicos específicos.
La teoría de la administración pública permite advertir que decidir no es necesariamente un procedimiento perfecto.
Herbert A. Simon (1947) estudió las limitaciones que enfrentan quienes toman decisiones dentro de las organizaciones. Su noción de racionalidad limitada ayuda a comprender que las autoridades no siempre disponen de información completa, tiempo ilimitado o capacidad para examinar todas las posibilidades.
Charles Lindblom, desde el análisis de las políticas públicas, cuestionó la idea de que las decisiones siempre resultan de una comparación exhaustiva de alternativas. Mostró la importancia que pueden adquirir las comparaciones parciales y los ajustes sucesivos.
Estas perspectivas no describen necesariamente lo ocurrido en Durango. Nos proporcionan herramientas para formular preguntas sobre cualquier proceso decisorio sin suponer, de antemano, que siguió un modelo ideal. También permiten distinguir dos planos, a saber: cómo se toman las decisiones en la práctica y cuáles son las exigencias jurídicas que deben respetarse. Una autoridad puede enfrentar información incompleta, pero ello no elimina sus obligaciones legales.
Para comenzar a comprender una decisión pública debemos preguntarnos qué asunto motivó la intervención, quién podía actuar y qué elementos permitieron elegir un curso de acción.
3. Cómo se forma una decisión pública
Una necesidad colectiva no determina por sí misma la respuesta que debe adoptar el Estado. Entre reconocer un problema y elegir una forma de atenderlo intervienen distintas operaciones de análisis y decisión.
La primera consiste en identificar qué situación requiere atención. Esto implica algo más que advertir una dificultad, también supone definirla. No es lo mismo considerar que una ciudad necesita mayor cantidad de agua que identificar un problema relacionado con la calidad de sus fuentes de abastecimiento. Aunque ambas situaciones pueden estar vinculadas, su formulación influye en las soluciones que se consideran.
Una vez definido el problema pueden plantearse diferentes cursos de acción. En materia de agua, estos podrían incluir el tratamiento de fuentes existentes, el aprovechamiento de otras, la rehabilitación de infraestructura o la combinación de distintas medidas.
La valoración de alternativas introduce preguntas sobre su viabilidad técnica, sus condiciones jurídicas, los recursos necesarios y los efectos que razonablemente se esperan de cada una. Finalmente, las autoridades competentes pueden seleccionar un curso de acción y expresarlo mediante los instrumentos jurídicos y administrativos correspondientes.
Estas operaciones permiten comprender la formación de una decisión pública, pero no constituyen una secuencia universal. En la práctica pueden coincidir, repetirse o desarrollarse mediante ajustes sucesivos.
Estos enfoques permiten comprender por qué la formación de una decisión pública no siempre sigue un proceso único y exhaustivo, sin que ello permita afirmar cómo se desarrolló un caso particular.
El caso Durango permite observar algunos de estos componentes. En el acuerdo de coordinación suscrito en enero de 2024, las autoridades identificaron problemas asociados con la presencia de flúor y arsénico en determinadas fuentes subterráneas utilizadas para el abastecimiento de agua.
La intervención seleccionada consistió en construir una planta potabilizadora y obras complementarias para aprovechar agua de la presa Guadalupe Victoria.
El acuerdo permite identificar la intervención elegida, pero no reconstruye por sí solo las alternativas que pudieron examinarse ni los criterios con que se habrían comparado. Esto no demuestra que esos análisis existieran o faltaran: únicamente delimita lo que puede sostenerse a partir del documento consultado. El caso nos permite conocer qué solución adoptaron las autoridades, pero no explicar exhaustivamente cómo se produjo su elección. Esta diferencia ofrece una primera herramienta para comprender las decisiones públicas: cuando conocemos una actuación gubernamental, conviene preguntarnos no solamente qué se decidió, sino también qué problema se definió, qué opciones se consideraron y qué información sustentó la elección (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] & Gobierno del Estado de Durango, 2024).
4. El derecho también interviene cuando el Estado decide
Reconocer un problema público y elegir una manera de atenderlo no basta para que una autoridad pueda actuar.
A diferencia de las decisiones que tomamos en nuestra vida privada, las decisiones de las autoridades se encuentran condicionadas por el orden jurídico. No basta con considerar conveniente una intervención, también es necesario identificar quién tiene atribuciones para realizarla y mediante qué instrumentos puede llevarse a cabo.
Aquí aparece un primer concepto: la competencia administrativa.
La competencia permite identificar las atribuciones que el derecho confiere a cada autoridad. Es importante porque el Estado no actúa como una sola institución que puede decidir indistintamente sobre cualquier asunto. Sus funciones se distribuyen entre órganos y órdenes de gobierno. En el caso de Durango, el acuerdo de coordinación de enero de 2024 permite observar esta dimensión. En sus declaraciones, Conagua y el Gobierno estatal identificaron las disposiciones jurídicas que invocaron para intervenir y suscribir el instrumento. Entre ellas se encuentran normas federales relacionadas con la gestión del agua y disposiciones de la Constitución y la legislación administrativa del Estado de Durango. El acuerdo muestra así que la participación de las autoridades no se presentó únicamente como una voluntad de colaboración, sino como una actuación sustentada en atribuciones jurídicas expresamente invocadas. Pero conocer quién puede actuar no responde por completo la pregunta, ¿por qué se decidió intervenir de determinada manera? Para comprender esta diferencia conviene introducir dos conceptos del derecho administrativo: fundamentación y motivación.
La fundamentación se relaciona con las disposiciones jurídicas que sustentan un acto de autoridad. La motivación, con las circunstancias y razones que justifican su adopción, conforme a los requisitos aplicables a cada actuación.
El artículo 16 constitucional constituye una referencia fundamental para comprender estas exigencias. Sin embargo, no debemos suponer que todos los actos y decisiones del Estado están sujetos a requisitos formales idénticos. Su examen depende de la naturaleza jurídica de cada actuación. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], 1917/2024, art. 16).
En Durango, el acuerdo permite identificar las normas invocadas para formalizar la coordinación institucional. No permite, por sí solo, reconstruir íntegramente todas las razones técnicas y económicas que condujeron a elegir la infraestructura proyectada. Esta distinción es relevante. El fundamento jurídico para celebrar un acuerdo y la justificación de la alternativa de inversión son cuestiones relacionadas, pero diferentes. Existe además otra dimensión jurídica que antecede y acompaña muchas decisiones públicas, nos referimos a la planeación.
El artículo 26 constitucional establece las bases del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. La Ley de Planeación regula, entre otros aspectos, mecanismos mediante los cuales el Ejecutivo Federal puede coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas. (CPEUM, 1917/2024, art. 26).
Los antecedentes del acuerdo de Durango vincularon la intervención con el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 y con el Programa Nacional Hídrico 2020–2024. Esto permite identificar el marco de planeación que las autoridades invocaron al formalizar su colaboración. No demuestra, por sí solo, cómo se valoraron todas las alternativas del proyecto. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024).
La planeación, además, no debe confundirse con la decisión concreta. Los planes y programas pueden establecer objetivos y prioridades generales; las autoridades necesitan después adoptar determinaciones específicas para desarrollar determinadas intervenciones.
En proyectos donde participan distintos órdenes de gobierno surge también la coordinación administrativa. El artículo 33 de la Ley de Planeación contempla la posibilidad de celebrar instrumentos de coordinación con las entidades federativas para participar en la planeación nacional y desarrollar acciones conjuntas dentro de sus respectivas competencias. (Ley de Planeación, 1983/2023, art. 33).
En Durango, esa colaboración se expresó mediante un acuerdo que estableció un objeto común, distribuyó compromisos y designó enlaces institucionales. La coordinación no elimina las atribuciones particulares de las autoridades. Permite organizar su participación en una actuación compartida. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024).
De esta manera, el caso muestra que el derecho interviene en distintos momentos de una decisión pública e identifica a las autoridades facultadas, establece condiciones para su actuación, proporciona instrumentos de planeación y permite organizar la colaboración institucional.
Para el ciudadano, comprender estas diferencias significa reconocer que una decisión gubernamental no se explica únicamente por el problema que pretende atender. También debe entenderse a partir de las atribuciones, razones e instrumentos jurídicos mediante los cuales el Estado puede actuar.
5. De la decisión a la acción. El papel de la gestión pública
Una decisión puede estar tomada y, sin embargo, todavía no existir las condiciones necesarias para llevarla a la práctica.
Imaginemos que una autoridad determina construir una planta potabilizadora. Esa elección identifica lo que pretende hacer, pero no resuelve automáticamente quién elaborará los estudios, de dónde provendrán los recursos, qué instituciones participarán ni cómo se organizarán los trabajos. Entre decidir y ejecutar existe una tarea fundamental consistente en organizar la actuación del Estado.
Aquí interviene la gestión pública. En términos sencillos, podemos entenderla como el conjunto de actividades mediante las cuales las instituciones organizan y movilizan recursos, personas, procedimientos y capacidades para desarrollar sus funciones y llevar adelante sus decisiones. La gestión no sustituye a la decisión. Permite crear las condiciones para realizarla.
Esta distinción resulta especialmente importante cuando una intervención pública requiere la participación de diferentes autoridades. En el caso de la Planta Potabilizadora Durango, el acuerdo de coordinación suscrito el 20 de enero de 2024 ofrece un ejemplo concreto. Su cláusula primera estableció el propósito de conjuntar recursos y acciones para construir la infraestructura. Pero el acuerdo no se limitó a expresar esa intención. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024).
En la cláusula segunda, Conagua y el Gobierno estatal distribuyeron compromisos para desarrollar el proyecto. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024, cláusula segunda).
Entre las actuaciones previstas se encontraban la gestión de recursos presupuestarios, la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, la atención de trámites relacionados con los terrenos, la asistencia técnica y administrativa y la coordinación de los trabajos de supervisión. La cláusula cuarta, además, designó enlaces institucionales encargados de establecer procedimientos de colaboración. Estas disposiciones permiten observar cómo una decisión comienza a transformarse en tareas concretas. El proyecto necesitaba información técnica, recursos financieros, actuaciones administrativas y mecanismos para articular el trabajo de las instituciones participantes. Aquí conviene introducir otra distinción muy clara, coordinar no es lo mismo que gestionar. (Semarnat & Gobierno del Estado de Durango, 2024, cláusulas segunda y cuarta).
La coordinación permite relacionar las actuaciones de distintas autoridades. La gestión tiene un alcance más amplio porque comprende la organización de los medios y actividades necesarios para desarrollar las funciones institucionales.
En Durango, la coordinación entre Conagua y el Gobierno estatal formó parte de la organización prevista para impulsar el proyecto. Pero cada institución conservó las responsabilidades que le correspondían. La existencia del acuerdo nos permite conocer esa organización inicial. No demuestra, por sí sola, que todos los compromisos hayan sido ejecutados. Para comprobar su realización necesitaríamos examinar documentos posteriores, como los estudios entregados, las actuaciones presupuestarias, los trámites realizados y las constancias de seguimiento. Esta diferencia es importante porque organizar una actuación no equivale todavía a realizarla.
La gestión pública tampoco debe imaginarse como una actividad puramente mecánica. Durante la preparación y ejecución de un proyecto pueden surgir situaciones que requieran nuevas determinaciones, como podrían ser distribuir tareas, ajustar procedimientos, resolver dificultades o adoptar medidas dentro de las atribuciones correspondientes. Así, una decisión pública puede dar origen a otras decisiones de organización y ejecución.
El caso Durango permite comprender esta relación sin necesidad de conocer todavía el resultado final de la infraestructura. Sabemos que las autoridades eligieron impulsar un proyecto y que formalizaron compromisos para organizarlo. Esos compromisos muestran parte del proceso mediante el cual la decisión comenzó a adquirir una estructura institucional.
Para el ciudadano, la enseñanza es sencilla. Cuando una autoridad anuncia que realizará una obra o desarrollará un programa, conviene distinguir entre la elección anunciada y la organización necesaria para ponerla en marcha. Preguntar quién debe hacer qué, con qué recursos y mediante qué procedimientos permite comprender una dimensión de la acción pública que suele permanecer detrás de los anuncios gubernamentales. La decisión establece un curso de acción. La gestión organiza los medios para desarrollarlo. Y mediante actuaciones posteriores, esa organización puede comenzar a materializarse. Es precisamente en ese siguiente momento donde nuestra decisión pública entra en acción.
6. Cuando la decisión entra en acción: la contratación pública
Hasta este momento hemos observado cómo las autoridades identificaron una necesidad, eligieron una intervención y establecieron compromisos para organizarla. Pero decidir construir una planta potabilizadora no significa que su construcción comience automáticamente. Para llevar adelante el proyecto es necesario adoptar nuevas determinaciones, definir los trabajos que se contratarán, establecer las condiciones para realizarlos, seleccionar un procedimiento de contratación y formalizar las obligaciones correspondientes.
Aquí aparece la contratación pública, uno de los instrumentos mediante los cuales las decisiones del Estado pueden comenzar a materializarse. Su importancia no consiste únicamente en permitir que una empresa realice determinados trabajos. La contratación transforma una necesidad de ejecución en obligaciones jurídicas concretas, sujetas a condiciones, responsabilidades y procedimientos establecidos por el derecho.
En México, el artículo 134 constitucional establece principios que orientan la administración de los recursos públicos. En el ámbito federal, la contratación de obras públicas se encuentra regulada por una legislación específica que desarrolla los procedimientos y requisitos aplicables. (CPEUM, 1917/2024, art. 134).
Esta regulación permite comprender que contratar también implica decidir, aunque se trate de una decisión diferente de aquella que dio origen al proyecto. La primera decisión responde a la pregunta ¿qué intervención pública se pretende realizar?
La contratación plantea otras ¿qué trabajos se necesitan?, ¿mediante qué procedimiento se seleccionará al contratista?, ¿qué condiciones deberán cumplirse?
El caso Durango permite observar esta diferencia. La documentación institucional del proyecto identifica el procedimiento IO-16-B00-016B00985-N-35-2024, correspondiente a la construcción de la Planta Potabilizadora Durango, bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas. Esta modalidad debe distinguirse tanto de la licitación pública como de la adjudicación directa. La licitación pública constituye el procedimiento ordinario previsto en el régimen federal de contratación de obras públicas. La invitación a cuando menos tres personas es una modalidad distinta que puede utilizarse en los supuestos legalmente establecidos. La elección entre procedimientos no es una cuestión meramente operativa. Constituye una determinación administrativa sujeta a requisitos jurídicos. (Auditoría Superior de la Federación [ASF], 2025).
En el régimen aplicable en 2024, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas contemplaba la licitación pública como procedimiento ordinario y regulaba supuestos para acudir a la invitación a cuando menos tres personas. La documentación pública del procedimiento identifica como fundamento de excepción invocado el artículo 42, fracción II, de esa ley. La identificación de ese fundamento no permite, por sí sola, comprobar que sus condiciones se actualizaran en el caso concreto: para ello sería necesario examinar la justificación administrativa y los antecedentes que la sustentaron. Nuestro propósito no es calificar la legalidad de esa contratación, sino mostrar cómo la decisión de ejecutar una obra dio lugar a otra determinación administrativa sujeta a reglas propias.
Así podemos reconocer tres momentos relacionados: la decisión de realizar una intervención pública, la organización administrativa necesaria para desarrollarla y la contratación de los trabajos que permitirán ponerla en práctica.
En Durango, estos momentos se expresaron mediante un proyecto de infraestructura, un acuerdo de coordinación y procedimientos contractuales específicos. No son actuaciones idénticas ni necesariamente corresponden a los mismos responsables.
Comprender esta diferencia ayuda a reconocer que la acción del Estado no se produce mediante una sola determinación. Una decisión inicial puede originar otras decisiones administrativas, cada una con su finalidad, sus requisitos y sus efectos jurídicos.
Para el ciudadano, esta distinción ofrece una herramienta sencilla de cuando una autoridad anuncia una obra, puede preguntarse no solamente qué decidió construir, sino también qué actuaciones fueron necesarias para convertir esa decisión en obligaciones concretas y quién tenía la responsabilidad de adoptarlas. Es en esa sucesión de decisiones e instrumentos donde podemos observar cómo una decisión pública comienza a entrar en acción.
7. Comprender cómo decide el Estado
Volvamos al gesto cotidiano con el que comenzamos: abrir la llave del agua. Detrás de esa acción aparentemente sencilla pueden encontrarse decisiones públicas que comenzaron mucho antes de que una obra fuera visible. El caso de la Planta Potabilizadora Durango nos permitió acercarnos a una de ellas.
Partimos de una necesidad de abastecimiento identificada por las autoridades. Conocimos la solución que decidieron impulsar y el acuerdo mediante el cual organizaron la participación de instituciones federales y estatales. Después observamos cómo esa intervención dio lugar a procedimientos administrativos para contratar los trabajos necesarios para desarrollarla. En ese recorrido encontramos algo más que una sucesión de documentos. Comprendimos que una decisión pública implica elegir un curso de acción frente a un asunto de interés público, pero también que esa elección se produce dentro de instituciones que cuentan con atribuciones y responsabilidades determinadas.
La teoría de la decisión nos ayudó a reconocer que las autoridades pueden actuar bajo limitaciones de información y que los procesos decisorios no siempre siguen una secuencia única, completa o perfectamente ordenada.
El derecho administrativo, por su parte, nos permitió distinguir la competencia de la autoridad, el fundamento jurídico de su actuación y las razones que deben sustentarla conforme a las exigencias aplicables. También comprendimos que elegir una solución no equivale a ejecutarla.
La gestión pública interviene para organizar los recursos, las tareas y las capacidades institucionales necesarias. La contratación, cuando resulta procedente, permite transformar determinadas necesidades de ejecución en obligaciones jurídicas concretas. De este modo, una decisión inicial puede dar lugar a otras decisiones administrativas, relacionadas entre sí, pero diferentes en sus finalidades, responsables y requisitos.
El caso Durango permite observar parte de ese proceso, aunque no todos sus componentes pueden reconstruirse con el mismo grado de detalle. Identificamos la intervención seleccionada sin afirmar que conocemos todas las alternativas consideradas. El acuerdo permite conocer los compromisos institucionales previstos, pero no acredita por sí solo su cumplimiento. Los documentos sobre contratación permiten identificar el procedimiento utilizado, sin que ello baste para valorar su justificación jurídica particular. Reconocer estas diferencias es una manera de comprender correctamente la actuación pública: afirmar lo que respaldan los documentos y no atribuirles información que no contienen. Para el ciudadano, este conocimiento tiene una utilidad que trasciende el caso Durango.
Cuando escucha que una autoridad anuncia una obra, presenta un programa o comunica una nueva intervención, puede mirar más allá de la decisión anunciada y formular preguntas fundamentales.
¿Qué problema público se pretende atender? ¿Qué alternativas se consideraron? ¿Quién tenía atribuciones para decidir? ¿Qué razones sustentaron la elección? ¿Cómo se organizaron las responsabilidades? ¿Qué actuaciones fueron necesarias para ponerla en marcha? No necesita ser especialista en derecho o administración pública para comprender el sentido de estas preguntas. Lo importante es reconocer que las decisiones del Estado no se explican únicamente por la voluntad de una autoridad ni por la existencia de una obra o un programa. Se forman y desarrollan mediante información, elecciones, competencias, instrumentos jurídicos, organización institucional y actuaciones sucesivas.
El caso de Durango no nos permite formular una conclusión definitiva sobre la conveniencia de la inversión ni sobre los resultados de la infraestructura. Tampoco ha sido ese nuestro propósito. Nos ha permitido observar cómo una decisión pública puede comenzar a tomar forma y entrar en acción. Comprender cómo decide el Estado significa reconocer el proceso que existe entre una necesidad colectiva, la elección de una intervención y las actuaciones institucionales que buscan llevarla a la práctica. Y cuando el ciudadano comprende ese proceso, deja de observar las decisiones públicas únicamente como anuncios de gobierno. Comienza a reconocer las preguntas, las responsabilidades y los instrumentos jurídicos que permiten conocer cómo actúan las instituciones. Ese conocimiento es una herramienta para ejercer una ciudadanía informada, capaz de comprender la función pública antes de formarse un juicio sobre ella.
Referencias
Auditoría Superior de la Federación. (2025). Construcción de la Planta Potabilizadora Durango, en el estado de Durango (Auditoría núm. 101, Cuenta Pública 2024). https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2024c/Documentos/Auditorias/2024_0101_a.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, 5 de febrero). Diario Oficial de la Federación (texto aplicable a 2024, arts. 16, 26 y 134). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (2000, 4 de enero). Diario Oficial de la Federación (texto aplicable en 2024). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopsrm.htm
Ley de Planeación. (1983, 5 de enero). Diario Oficial de la Federación (reforma del 8 de mayo de 2023, art. 33). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPlan.pdf
Lindblom, C. E. (1959). The science of “muddling through”. Public Administration Review, 19(2), 79–88. https://doi.org/10.2307/973677
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales & Gobierno del Estado de Durango. (2024, 19 de marzo). Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Durango, con el objeto de construir la Planta Potabilizadora Durango. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/5720551
Simon, H. A. (1947). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization. Macmillan.