La firma del acuerdo entre el primer ministro Mark Carney y la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, para avanzar en la construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico es un giro que reconfigura el panorama energético y político de Canadá. Este memorando de entendimiento, concebido para facilitar mayores exportaciones de crudo hacia Asia, coloca a Ottawa en una encrucijada. ¿Puede un país que se autodefine como líder climático seguir ampliando su infraestructura petrolera sin traicionar sus compromisos ambientales?
Carney, con una trayectoria marcada por la política climática global, incluido su papel como enviado de la ONU para el clima, llegó al poder con la promesa de tender puentes entre crecimiento económico y responsabilidad ambiental. Sin embargo, este acuerdo con Alberta revela una prioridad estratégica sobre fortalecer a Canadá como potencia energética en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y por las secuelas de la guerra comercial.
El nuevo oleoducto retoma una vieja aspiración de Alberta, una provincia que durante años se sintió marginada por las políticas climáticas del exprimer ministro Justin Trudeau. Smith no ha ocultado su satisfacción con el giro actual; para ella, el proyecto representa por fin el reconocimiento del petróleo como motor nacional de prosperidad. Carney, originario de Alberta, parece dispuesto a suavizar tensiones históricas. Pero ese gesto político tiene un costo que alimenta la narrativa de que Ottawa está dispuesto a sacrificar metas climáticas en aras de la competitividad global.
Carney ha intentado justificar su decisión a través del Proyecto Pathways, la iniciativa de captura de carbono que promete ser la más ambiciosa del mundo. Aunque la tecnología es parte importante del menú de soluciones contempladas por el IPCC, sus críticos advierten que también funciona como coartada para prolongar la dependencia a los combustibles fósiles. El riesgo es que si el oleoducto se convierte en el emblema de una nueva expansión petrolera, la apuesta tecnológica podría verse como un maquillaje verde para una estrategia que contradice las advertencias científicas.
La resistencia indígena añade otra capa de complejidad. Aunque el memorando incluye compromisos de consulta y copropiedad indígena, las Primeras Naciones han expresado reiteradamente su rechazo a los megaproyectos petroleros. La experiencia muestra que el consentimiento libre e informado no es solamente un trámite legal; es un proceso político y cultural que puede descarrilar proyectos enteros si no se gestiona con sensibilidad y transparencia. A ello se suma la oposición de Columbia Británica, cuyo gobierno progresista no está dispuesto a avalar un oleoducto que atraviese su territorio.
La construcción del proyecto aún está distante -la propuesta formal llegará hasta 2026-, pero el debate ya define la agenda nacional. Canadá debe preguntarse con honestidad si puede seguir ocupando un lugar de liderazgo climático mientras expande su infraestructura petrolera. Carney apuesta por un delicado equilibrio, pero corre el riesgo de quedar atrapado entre dos fuegos. Por un lado la presión económica interna y por otro las expectativas climáticas globales. El resultado determinará el rumbo energético del país en las próximas décadas.