La aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley CLARITY y la Ley GENIUS queda registrado como el momento más importante en la regulación del universo cripto. Por primera vez, el país avanza hacia un marco legal para los activos digitales, una industria que ha crecido sin control y que ahora comienza a ser tratada con seriedad institucional.
La Ley CLARITY busca establecer reglas para el comercio de criptomonedas, aportando una mínima certeza jurídica a un mercado que ha sido, durante años, terreno fértil para la especulación, el fraude y el lavado de dinero. La iniciativa, impulsada por la administración Trump y respaldada por buena parte del Partido Republicano, parte de un enfoque favorable a la innovación tecnológica y al libre mercado. Sin embargo, su aprobación no debe hacer olvidar las advertencias de varios demócratas que han señalado que el texto podría quedarse corto en la protección de los consumidores e inversionistas minoristas.
Más concreta en sus efectos inmediatos es la Ley GENIUS, que regula a los stablecoins —activos digitales vinculados al valor del dólar u otros instrumentos seguros – , y que ya fue aprobada por el Senado. Esta ley obliga a los emisores a respaldar sus criptomonedas con reservas tangibles, una exigencia básica que, aunque lógica, no existía hasta ahora. Su adopción pone orden en un sector clave para las transacciones cotidianas en el mundo cripto, en el que bancos, gigantes del comercio electrónico y empresas tecnológicas están interesados.
Que Meta, Amazon, Uber y Walmart se preparen para emitir o usar stablecoins demuestra que este no es un fenómeno marginal, sino una transformación estructural del sistema financiero. Y aunque Trump y muchos legisladores lo ven como una oportunidad para fortalecer el papel del dólar a nivel global, esa visión geoestratégica no debe ocultar los riesgos sistémicos que implica una digitalización financiera sin controles.
Regular no es obstaculizar, pero tampoco puede significar dejar el campo libre bajo la excusa de promover la innovación. El paso dado es importante, pero el verdadero reto será crear una arquitectura regulatoria que combine crecimiento con supervisión, eficiencia con seguridad, y desarrollo con justicia económica. El Senado tiene ahora la responsabilidad de afinar ese equilibrio.