El año pasado fue testigo de importantes reformas constitucionales en varias naciones, lo que refleja la evolución de los paisajes políticos, las demandas sociales y los desafíos de gobernanza. Estas reformas, a menudo complejas y polémicas, apuntan a redefinir el equilibrio de poder, ampliar los derechos y adaptar los marcos legales fundamentales a las realidades contemporáneas.
En <strong>Chile</strong>, el proceso de reforma constitucional siguió siendo un punto focal. Tras el rechazo de un proyecto progresista en 2022, se eligió un nuevo Consejo Constitucional más conservador. El proceso en curso, ordenado por un acuerdo político, representa un esfuerzo de reforma fundamental para reemplazar la carta constitucional de la era Pinochet. Los debates clave se centran en el estado social, la plurinacionalidad y los derechos ambientales, y el resultado está destinado a remodelar fundamentalmente el contrato político y social de la nación.
En Europa, <strong>Francia</strong> promulgó una importante enmienda constitucional para consagrar explícitamente la “libertad garantizada” de las mujeres para acceder al aborto. Esta reforma, aprobada por una abrumadora mayoría parlamentaria y un congreso especial en Versalles, fue una respuesta directa al retroceso del derecho al aborto en otras jurisdicciones. Consolida un derecho social clave dentro de la ley suprema de la nación, marcando un momento histórico para la igualdad de género y la autonomía corporal.
Mientras tanto, <strong>Georgia</strong> experimentó una intensa controversia sobre los cambios constitucionales propuestos, denominados ley de “influencia extranjera”. Si bien no fue una enmienda constitucional completa, el impulso legislativo (que requirió supermayorías parlamentarias y provocó protestas masivas) tocó principios constitucionales fundamentales de asociación, expresión y el camino de integración europea de Georgia. La determinación del gobierno de aprobar la ley, a pesar de la condena internacional, puso de relieve un cambio reformador hacia un entorno de sociedad civil más controlado.
En <strong>Sri Lanka</strong>, en medio de una grave crisis económica, cobraron impulso los debates sobre la 22ª Enmienda a la Constitución. Esta reforma tiene como objetivo restringir los amplios poderes de la presidencia ejecutiva restaurados por la 20ª Enmienda, reempoderando al consejo constitucional y a las comisiones independientes. Se considera un paso crucial para restablecer los controles y equilibrios y abordar las demandas públicas de una mayor rendición de cuentas tras el colapso político de 2022.
Además, varios países implementaron reformas relacionadas con la <strong>gobernanza territorial y la identidad</strong>. Irak continuó los debates sobre el federalismo y el reparto de recursos entre Bagdad y la región del Kurdistán, un desafío constitucional perenne. En el Reino Unido, el estatus constitucional no resuelto de Irlanda del Norte post-Brexit y los renovados llamados a un referéndum sobre la independencia de Escocia continuaron poniendo a prueba la flexibilidad de la constitución británica no codificada.
En resumen, las reformas constitucionales más relevantes del año se caracterizaron por esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales (Francia), reconstituir el pacto social (Chile), recalibrar el poder ejecutivo (Sri Lanka) y navegar los alineamientos geopolíticos (Georgia). Estos procesos subrayan que la reforma constitucional sigue siendo un ámbito primordial para abordar las crisis nacionales, los movimientos sociales y la tensión duradera entre la autoridad estatal y las libertades individuales. Los impactos a largo plazo de estos cambios se manifestarán en los próximos años y definirán los marcos de gobernanza y derechos de millones de ciudadanos.