La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en 2023, representa un cambio de paradigma en la política de transporte española, al pasar de un enfoque en infraestructuras a un enfoque basado en derechos centrado en la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental. Esta ley marco, complementada con las normas de tráfico y ordenanzas municipales existentes, establece un sistema integral de sanciones administrativas destinado a garantizar una movilidad segura, eficiente y ecológica para todos los ciudadanos.
Los principios centrales de la ley incluyen el reconocimiento de la movilidad como un derecho social, la priorización del peatón, la bicicleta y el transporte público, y la integración de la digitalización y la innovación. Ordena la creación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para los municipios, promoviendo zonas de bajas emisiones y redes de transporte interconectadas. Una innovación clave es el establecimiento de un Sistema Nacional de Movilidad para coordinar políticas entre los diferentes niveles de gobierno.
Las sanciones administrativas por infracciones de movilidad se rigen principalmente por el texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que fue actualizado en 2022 para alinearse con estas nuevas prioridades. El régimen sancionador se estructura en tres categorías principales: infracciones muy graves, graves y leves, con sus correspondientes multas y puntos de penalización en el permiso de conducción.
Los importantes cambios recientes en las sanciones reflejan las nuevas prioridades de la ley. El uso del teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo una infracción muy grave, con una multa de 200 euros y 6 puntos de penalización. En particular, sostener el dispositivo es suficiente para la sanción, no solo usarlo. Se han endurecido las sanciones por exceso de velocidad y se han reducido las tolerancias. Exceder los límites de velocidad en más del 50% en zonas urbanas se clasifica ahora como un delito muy grave, que puede conllevar pena de prisión.
Las nuevas sanciones apuntan específicamente a comportamientos contrarios a la movilidad sostenible y la seguridad de los usuarios vulnerables. Se enfatiza la seguridad de los ciclistas; por ejemplo, no mantener una distancia mínima de 1,5 metros al adelantar a una bicicleta es una infracción grave (multa de 200€ y 4 puntos). Se penaliza más el aparcamiento en carriles bici o aceras. Además, la ley faculta a los municipios a sancionar infracciones dentro de sus competencias, como el uso inadecuado de los carriles del transporte público o infracciones dentro de zonas de bajas emisiones (ZBE), donde la entrada de vehículos no autorizados puede acarrear multas que oscilan entre los 200 euros.
Las consideraciones medioambientales están cada vez más integradas. La clasificación de los vehículos en función de las etiquetas medioambientales (pegatinas de la DGT) influye en el acceso a los centros urbanos, y los vehículos que no las cumplen se enfrentan a restricciones y multas. La ley también proporciona un marco para regular nuevos servicios de movilidad, como los scooters eléctricos, otorgando a las autoridades locales poder para establecer reglas sobre su uso (por ejemplo, prohibiciones en las aceras, uso obligatorio de casco) e imponer sanciones.
Las garantías procesales para las sanciones son estrictas, asegurando el derecho de audiencia y apelación. El proceso sancionador puede ser iniciado por agentes de tráfico, policía municipal o mediante sistemas de detección automatizados (cámaras de velocidad, radares de semáforo en rojo). Por lo general, se ofrece un descuento del 50% sobre la multa por pronto pago.
En conclusión, el actual marco legal español de movilidad, encabezado por la Ley de Movilidad Sostenible y respaldado por una Ley de Tráfico actualizada, crea un sistema integrado donde las sanciones administrativas son una herramienta crucial. Ya no se centran únicamente en la seguridad del tráfico tradicional, sino que se utilizan activamente para promover un cambio modal, proteger a los usuarios vulnerables, reducir las emisiones y garantizar el derecho universal a la movilidad. La implementación efectiva y la concientización pública siguen siendo desafíos críticos para lograr estos objetivos transformadores.