Enfoque personal

La política energética de Canadá

La firma del acuerdo entre el primer ministro Mark Carney y la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, para avanzar en la construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico es un giro que reconfigura el panorama energético y político de Canadá. Este memorando de entendimiento, concebido para facilitar mayores exportaciones de crudo hacia Asia, coloca a Ottawa en una encrucijada. ¿Puede un país que se autodefine como líder climático seguir ampliando su infraestructura petrolera sin traicionar sus compromisos ambientales?

Carney, con una trayectoria marcada por la política climática global, incluido su papel como enviado de la ONU para el clima, llegó al poder con la promesa de tender puentes entre crecimiento económico y responsabilidad ambiental. Sin embargo, este acuerdo con Alberta revela una prioridad estratégica sobre fortalecer a Canadá como potencia energética en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y por las secuelas de la guerra comercial.

El nuevo oleoducto retoma una vieja aspiración de Alberta, una provincia que durante años se sintió marginada por las políticas climáticas del exprimer ministro Justin Trudeau. Smith no ha ocultado su satisfacción con el giro actual; para ella, el proyecto representa por fin el reconocimiento del petróleo como motor nacional de prosperidad. Carney, originario de Alberta, parece dispuesto a suavizar tensiones históricas. Pero ese gesto político tiene un costo que alimenta la narrativa de que Ottawa está dispuesto a sacrificar metas climáticas en aras de la competitividad global.

Carney ha intentado justificar su decisión a través del Proyecto Pathways, la iniciativa de captura de carbono que promete ser la más ambiciosa del mundo. Aunque la tecnología es parte importante del menú de soluciones contempladas por el IPCC, sus críticos advierten que también funciona como coartada para prolongar la dependencia a los combustibles fósiles. El riesgo es que si el oleoducto se convierte en el emblema de una nueva expansión petrolera, la apuesta tecnológica podría verse como un maquillaje verde para una estrategia que contradice las advertencias científicas.

La resistencia indígena añade otra capa de complejidad. Aunque el memorando incluye compromisos de consulta y copropiedad indígena, las Primeras Naciones han expresado reiteradamente su rechazo a los megaproyectos petroleros. La experiencia muestra que el consentimiento libre e informado no es solamente un trámite legal; es un proceso político y cultural que puede descarrilar proyectos enteros si no se gestiona con sensibilidad y transparencia. A ello se suma la oposición de Columbia Británica, cuyo gobierno progresista no está dispuesto a avalar un oleoducto que atraviese su territorio.

La construcción del proyecto aún está distante -la propuesta formal llegará hasta 2026-, pero el debate ya define la agenda nacional. Canadá debe preguntarse con honestidad si puede seguir ocupando un lugar de liderazgo climático mientras expande su infraestructura petrolera. Carney apuesta por un delicado equilibrio, pero corre el riesgo de quedar atrapado entre dos fuegos. Por un lado la presión económica interna y por otro las expectativas climáticas globales. El resultado determinará el rumbo energético del país en las próximas décadas.

El billonario plan de Elon Musk en Tesla

La aprobación del plan de remuneración de Elon Musk en Tesla, lo convierte en el primer ejecutivo en recibir una compensación potencial de hasta un billón de dólares en diez años. El 75 por ciento de los accionistas votó a favor de un esquema que, más que un plan salarial, parece un acto de fe hacia la figura del influyente y polémico empresario.

Musk no es un director general convencional. Sus seguidores lo ven como un visionario capaz de mover industrias completas hacia el futuro. Vehículos eléctricos, inteligencia artificial, robótica, exploración espacial. Para ellos, Tesla no sería lo que es sin su liderazgo. Ese fue, precisamente, el argumento central para aprobar la compensación. La empresa argumentó que solo Musk ha demostrado la combinación de audacia, ambición y capacidad operativa necesarias para mantener a Tesla a la vanguardia tecnológica.

Y es que el propio Musk insinuó que, sin este incentivo, estaría menos dispuesto a permanecer al frente de la compañía. Ese tipo de ultimátum sugiere una relación compleja en la que la dependencia de la organización hacia su figura se convierte en un arma de negociación.

Lo más revelador es que los objetivos para obtener la compensación no son simbólicos. Elon Musk tendrá que llevar la capitalización de Tesla a niveles que hoy parecen desproporcionados y multiplicar la producción de autos hasta alcanzar los 20 millones de unidades anuales. Considerando que Tesla apenas celebró la fabricación de su vehículo número ocho millones, se trata de una apuesta colosal.

Este plan refleja el momento cultural en el que vivimos, una época donde el culto al emprendedor alcanza tintes casi mesiánicos. Musk no solo dirige empresas, dirige narrativas. Y sus accionistas han elegido creer en esa historia.

El riesgo está en que, cuando una empresa se identifica demasiado con una sola persona, la línea entre liderazgo y dependencia se vuelve peligrosamente difusa. Tesla ha apostado su futuro a la visión de Musk. El tiempo dirá si ese futuro será una revolución industrial o una lección de exceso y concentración de poder.

La operación de paz en Gaza

La noticia de un alto el fuego en Gaza, tras dos años de una operación militar que ha dejado más de 67 mil muertos palestinos y más de mil israelíes, despierta una mezcla de alivio, esperanza y cautela. El anuncio de que Estados Unidos enviará cerca de 200 soldados a Israel para apoyar la implementación del acuerdo y supervisar la entrada de ayuda humanitaria marca un giro decisivo en el conflicto, pero también abre un nuevo capítulo de interrogantes sobre el futuro político y humanitario del territorio palestino.

La operación de paz en Gaza no es una misión tradicional de mantenimiento de la paz bajo mandato de Naciones Unidas. Se trata de un esfuerzo multinacional impulsado desde Washington, con participación de ONG, países aliados y actores privados, coordinado por el Comando Central estadounidense. Su objetivo declarado es garantizar la aplicación del acuerdo de alto el fuego y facilitar la entrega de ayuda humanitaria.

El acuerdo entre Israel y Hamas, mediado por Estados Unidos, Catar y Turquía, contempla la liberación de los rehenes israelíes a cambio de unos dos mil prisioneros palestinos. Se trata de un intercambio asimétrico pero simbólicamente potente, que busca abrir la puerta a una paz duradera, según las palabras del presidente Donald Trump, artífice del plan. No obstante, el éxito de este proceso dependerá menos del número de camiones humanitarios -se prevén hasta 400 diarios- y más de la disposición real de las partes a aceptar concesiones políticas que resulten sostenibles.

La experiencia histórica obliga al escepticismo. Gaza ha sido escenario de múltiples intentos de tregua que naufragaron entre los intereses contrapuestos de Israel, Hamas y la comunidad internacional. El actual acuerdo llega en un contexto de profunda desconfianza, con un gobierno israelí dividido y presionado por su ala ultraderechista, y con un Hamas debilitado militarmente, pero aún con control sobre buena parte del territorio.

Mientras tanto, la realidad humanitaria es insoportable. Gaza está en ruinas, con hambruna declarada por la ONU y una generación de niños marcada por la desnutrición y el trauma. En ese contexto, cualquier cese al fuego es una bocanada de esperanza. Pero la paz verdadera no se construye con discursos ni con despliegues militares simbólicos, sino con justicia, reconstrucción y reconocimiento mutuo.

La operación de paz en Gaza será, en última instancia, una prueba moral y política para Estados Unidos y para toda la comunidad internacional. Deberán ser capaces de transformar la tregua en una paz real, porque de lo contrario, quedará una vez más como un espejismo entre los escombros.

El acuerdo Sheinbaum-Carney

El encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney fue un momento estratégico para América del Norte. En medio de una agenda de proteccionismo económico, México y Canadá han decidido enviar el mensaje de que la región depende de la solidez del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la capacidad de sus miembros para actuar como bloque.

El plan de acción conjunto no es un gesto diplomático aislado, sino un intento de blindar la competitividad regional ante la inminente revisión del tratado. La decisión de ambos gobiernos de mantener a los tres socios sin acuerdos paralelos que marginen a alguno, es la clave para preservar la esencia del pacto.

El Banco de México y la economía

El Banco de México cumple cien años en un escenario económico marcado por contrastes. A lo largo de su historia, la institución ha tenido como mandato central preservar la estabilidad de precios, un objetivo que, en efecto, ha logrado consolidar y que le ha otorgado prestigio internacional.

El regreso de la diplomacia

Las relaciones entre México y Canadá, que durante décadas fueron ejemplo de cooperación en el marco del TLCAN y después del TMEC, vivieron en los últimos años un enfriamiento notable. Declaraciones despectivas, negociaciones por separado con Estados Unidos y gestos políticos interpretados como traiciones minaron la confianza. Sin embargo, el reciente acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney abre una ventana de oportunidad para reconstruir el diálogo que beneficia a ambos.

El as bajo la manga de Putin

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, las sanciones económicas impuestas por Occidente han buscado aislar al Kremlin del sistema financiero internacional. Sin embargo, como en otras etapas de su historia, Moscú ha mostrado capacidad de adaptación. El surgimiento de la criptomoneda A7A5 representa el más reciente y quizás más sofisticado intento del gobierno ruso por eludir el cerco occidental. Más que una simple innovación tecnológica, A7A5 es un instrumento político y económico que puede cambiar las reglas del juego.

Lanzada en febrero por un empresario moldavo prorruso y respaldada por el banco estatal Promsvyazbank, A7A5 es la primera stablecoin indexada al rublo. A diferencia de las criptomonedas tradicionales, cuyo valor fluctúa constantemente, las stablecoins están diseñadas para mantener una paridad con monedas fiduciarias, en este caso el rublo ruso. Esto la convierte en una herramienta ideal para facilitar pagos internacionales sin pasar por el sistema bancario tradicional, actualmente plagado de sanciones para entidades rusas.

Tras ser excluida del sistema SWIFT y ver congelados los activos de sus bancos más importantes, Rusia ha tenido que buscar rutas alternativas para mantener sus transacciones financieras. Las criptomonedas ofrecían una salida, pero incluso en este ecosistema descentralizado, los tentáculos de Occidente han sido eficaces. Tether, la empresa emisora de USDT —la stablecoin más popular – ha bloqueado billeteras rusas por órdenes de gobiernos occidentales.

Este punto de inflexión obligó al Kremlin a entender que necesitaba una moneda digital “propia”, fuera del alcance de Washington y Bruselas. A7A5 cumple ese objetivo. Aunque su adopción aún es limitada, el hecho de que ya haya movilizado alrededor de 150 millones de dólares en menos de seis meses revela su potencial.

Pero el riesgo de A7A5 no se limita a lo económico. Las investigaciones del Centre for Information Resilience vinculan esta criptomoneda con las operaciones de influencia del empresario moldavo Ilan Shor, acusado de interferir en procesos democráticos en Moldavia. La misma infraestructura digital detrás de A7A5 estaría siendo utilizada para campañas de desinformación y manipulación política.

Frente a esto, la reacción internacional ha sido lenta, pues A7A5 opera desde Kirguistán, donde la legislación financiera es más laxa, lo que dificulta el control y monitoreo de las transacciones. El peligro es evidente, ya que si se consolida como un canal de pagos paralelo, podría convertirse en el precedente de un ecosistema financiero alternativo, respaldado por potencias autoritarias.

La historia demuestra que las sanciones económicas rara vez tumban regímenes por sí solas. Rusia lo sabe, y por eso juega su carta criptográfica con inteligencia estratégica. A7A5 es mucho más que una innovación digital, es el as bajo la manga de Putin para resistir la presión occidental, mantener operativa su economía de guerra y extender su influencia más allá de sus fronteras. El mundo haría bien en no subestimarlo.

El liderazgo bursátil de Nvidia

La marcha triunfal de Nvidia hacia la cima de Wall Street hace historia en los mercados financieros y en la evolución tecnológica contemporánea. Con una capitalización bursátil de 3.92 billones de dólares, la empresa californiana no solo amenaza con destronar a gigantes como Apple y Microsoft, sino que redefine el liderazgo económico a través de la inteligencia artificial.

Nvidia, tradicionalmente reconocida por sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) diseñadas para videojuegos, ha sabido reinventarse a una velocidad asombrosa. Hoy, sus chips son el núcleo de los sistemas que entrenan los modelos de IA más avanzados del mundo, desde asistentes virtuales hasta algoritmos que transforman industrias enteras. Esta reconversión tecnológica ha sido recompensada por el mercado con un crecimiento que ha multiplicado por ocho el valor de Nvidia en apenas cuatro años.

El ascenso de Nvidia simboliza una transformación estructural del mercado financiero. Los inversionistas ya no apuestan únicamente por productos terminados o marcas de consumo, como ocurrió en el apogeo de Apple. Ahora, el nuevo oro es el poder de cómputo, la infraestructura digital que permite entrenar, escalar y operar sistemas de inteligencia artificial, y es en esta carrera en la que Nvidia lidera.

Lo más notable es que el valor bursátil de la compañía refleja una realidad económica más profunda. Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y Tesla —los actores principales del ámbito tecnológico – , están enfrascados en una carrera por construir los centros de datos más potentes del planeta. Todos ellos dependen, directa o indirectamente, de los procesadores de Nvidia. La empresa se ha convertido en el proveedor de herramientas de una revolución industrial digital.

Pero la sobrevaloración del sector de IA y la dependencia excesiva de un solo actor plantean dudas sobre el dominio casi monopólico de Nvidia que podría generar un mayor escrutinio regulatorio y geopolítico en los próximos años.

Aun así, en el corto plazo, el mensaje del mercado es que la inteligencia artificial es la fuerza económica dominante del siglo XXI, y Nvidia es su estandarte. Su liderazgo bursátil no es una casualidad, sino la consecuencia natural de una empresa que entendió antes que nadie el futuro del cómputo.

La deuda de EU y el nerviosismo del mercado

La aprobación del megaproyecto de ley presupuestario impulsado por Donald Trump ha reavivado el debate sobre su gigantesca deuda pública, un viejo fantasma que ronda a la economía estadounidense. En un contexto de tasas de interés elevadas y desaceleración económica, el mercado empieza a perder la confianza en el que durante décadas fue considerado el refugio más seguro del mundo financiero. La pregunta ya no es si Estados Unidos puede pagar, sino a qué costo y con qué consecuencias para la estabilidad global.

Con una deuda que supera los 36.2 billones de dólares —el 120 por ciento del PIB – , Estados Unidos ha cruzado umbrales que en cualquier otra economía habrían detonado las alarmas. No es solo el monto, sino la inercia del crecimiento de esta deuda lo que preocupa. El nuevo paquete presupuestario busca extender exenciones fiscales durante el mandato de Trump, con un impacto potencial de entre 3 y 4 billones de dólares adicionales al pasivo federal. En un momento de contracción de ingresos fiscales y aumento del gasto público, esta política se siente más ideológica que estratégica.

Los rendimientos del bono a 30 años superaron el simbólico 5 por ciento en mayo, reflejo de una creciente desconfianza entre los inversionistas. Si antes la deuda estadounidense ofrecía seguridad y liquidez, ahora también transmite incertidumbre. Moody’s, al rebajar la calificación de la deuda en mayo, puso en el centro del debate la sostenibilidad fiscal de la principal economía del mundo.

El deterioro del dólar es otra señal preocupante. Tradicionalmente considerado un refugio en tiempos de crisis, la divisa estadounidense ha perdido más del 10 por ciento de su valor en el primer semestre del año, su peor desempeño desde 1973. La huida de los inversores no solo responde a factores económicos, sino también políticos. Los aranceles impuestos por Trump, las tensiones con China y los conflictos en Medio Oriente alimentan una percepción de inestabilidad y volatilidad.

China es uno de los principales acreedores externos de Estados Unidos y ha dejado de renovar sus bonos del Tesoro, optando por acumular oro. Este movimiento no solo es económico, es geopolítico. La desdolarización parcial que promueven países como China o Rusia apunta a un reordenamiento del sistema financiero internacional que podría dejar al gobierno norteamericano en una posición más frágil de lo que sus propios políticos admiten.

Por ahora, el euro y la deuda europea están asumiendo un rol que antes le pertenecía al dólar, cuando esta divisa era el escudo en tiempos de tormenta. Que esto ocurra no es menor. Refleja una erosión de la hegemonía financiera estadounidense que podría acelerarse si no hay un cambio de rumbo fiscal en Washington.

Google y la privacidad

La reciente condena a Google por un jurado en California, que le obliga a pagar 314 millones de dólares como indemnización a usuarios de Android, marca un punto de inflexión en el debate sobre la privacidad digital. El veredicto, que responde a una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de unos 14 millones de californianos, no sólo implica una multa millonaria, sino una advertencia al gigante tecnológico en el sentido de que la recolección masiva de datos sin consentimiento no es un daño colateral del progreso, sino una violación de derechos fundamentales.

La acusación refiere que Google, a través de su sistema operativo Android, habría recopilado datos personales de sus usuarios incluso cuando los dispositivos estaban en reposo. Lo hizo —según los denunciantes – , sin consentimiento explícito, y utilizó esta información con fines comerciales, como personalizar publicidad o ajustar tarifas de telecomunicaciones. Google, por su parte, se defendió alegando que todo estaba estipulado en los contratos aceptados por los usuarios. Pero el jurado no encontró esa defensa suficiente, y la condena revela que el argumento del “consentimiento implícito” ya no es infalible.

Este caso no es un incidente aislado y se enmarca en una larga serie de litigios y cuestionamientos regulatorios que persiguen a Google y a otras grandes tecnológicas en Estados Unidos y Europa. El problema radica en un modelo de negocios basado en la extracción de datos personales a gran escala, muchas veces mediante prácticas engañosas. La sofisticación tecnológica de empresas como Google ha superado los marcos legales tradicionales, y ahora es la justicia —impulsada por usuarios cada vez más informados – , la que comienza a cerrar esa brecha.

Lo ocurrido en California representa un doble mensaje. Por un lado, a las empresas, que ya no pueden seguir escondiéndose detrás de términos de servicio ininteligibles para justificar la vigilancia; y por otro, a los usuarios, que tienen herramientas legales para exigir respeto a su privacidad.

Google es, sin duda, una de las empresas más innovadoras del siglo XXI, pero esa innovación no debe construirse a costa de derechos fundamentales. La sentencia no resolverá de inmediato el dilema de la privacidad digital, pero sí marca un precedente valioso en torno a cómo la tecnología debe estar al servicio de las personas. El verdadero desafío es transformar esta advertencia judicial en una reforma estructural del ecosistema digital, donde la transparencia, el consentimiento y el respeto por los datos personales sean norma, no excepción.

Donald Trump y el G7

La reciente cumbre del G7 ha sellado una victoria política y simbólica para Donald Trump. El grupo de las siete economías más avanzadas del mundo acordó eximir a las empresas multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15 por ciento, medida impulsada originalmente por la OCDE y adoptada en 2021 bajo la administración de Joe Biden. Con esta decisión, el G7 no sólo cede a la presión de Washington, sino que valida la postura abiertamente unilateral y proteccionista del actual presidente estadounidense.

Trump, fiel a su estilo, convirtió una política fiscal multilateral en un nuevo campo de batalla por la soberanía tributaria de Estados Unidos. La amenaza de abandonar el acuerdo global —cosa que hizo mediante orden ejecutiva en enero – , y de imponer represalias comerciales a los países que pretendieran gravar a sus tecnológicas surtió efecto. El resultado fue que las empresas estadounidenses solo pagarán impuestos en su país, incluso sobre sus ganancias en el extranjero.

Este acuerdo representa una ruptura con el espíritu del consenso internacional que caracterizó la reforma tributaria de la OCDE. Si bien el comunicado del G7 intenta presentar la decisión como una solución “estable y aplicable para todos”, la realidad es que el nuevo sistema consolida la hegemonía fiscal de EE.UU. y debilita el esfuerzo global por evitar la evasión y el arbitraje tributario de las grandes corporaciones. El mensaje sostiene que el sistema internacional se ajusta a Washington, no al revés.

En el fondo, la lógica que impulsa esta exención es profundamente política. Trump se prepara para las elecciones de noviembre y busca mostrar fuerza ante sus electores, en particular ante los sectores más nacionalistas y empresariales. Defender a las grandes tecnológicas de gravámenes extranjeros —aunque implique tensiones con aliados históricos como Canadá o Francia – , es un mensaje eficaz para esa base.

Lo preocupante es que este precedente puede erosionar otros acuerdos globales en áreas clave como el clima, el comercio digital o la inteligencia artificial. Si el G7, un foro que presume de liderar la gobernanza mundial, cede ante la lógica del “America First”, otros países podrían seguir el ejemplo, debilitando aún más el orden multilateral.

Con este triunfo, Trump no solo reconfigura el mapa tributario global, sino que reafirma su visión de un mundo donde el poder —no el consenso – , dicta las reglas. El precio puede ser más fragmentación y menos cooperación internacional.

Gran Bretaña y su nueva estrategia de defensa

Gran Bretaña ha roto un tabú que había respetado desde 1998 y ha decidido volver a desplegar aviones con capacidad nuclear. El anuncio del primer ministro Keir Starmer en la cumbre de la OTAN en La Haya —la compra de 12 F-35A capaces de portar armas nucleares tácticas – , marca un giro en la política de defensa del Reino Unido, con ecos inequívocos de la Guerra Fría.

Este viraje es consecuencia directa del análisis más reciente de seguridad nacional, que por primera vez en décadas advierte sobre la posibilidad de un ataque directo al territorio británico. Rusia, según el documento, ya estaría sentando las bases para desestabilizar al Reino Unido, mientras que China representa una amenaza más estructural, ligada al espionaje, la presión sobre disidentes y la dependencia tecnológica.